Ella es María Constanza García, la nueva ministra de Transporte de Gustavo Petro y prima de un senador conservador

El 2 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo cambio en el gabinete ministerial. A la salida de Jhenifer Mojica (Ministerio de Agricultura, Néstor Osuna (Ministerio de Justicia) y Luis Fernando Velasco (Ministerio del Interior), se sumó la de William Camargo (Ministerio de Transporte).

El mandatario dio a conocer la salida del ya ex jefe de cartera por medio de X. En la red social le dio la bienvenida a María Constanza García, que se convierte así en la tercera ministra de Transporte del actual Gobierno, ya que además de Camargo (duró 15 meses), también estuvo Guillermo Reyes, que duró ocho meses.

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“Maria Constanza Garcia será la nueva ministra de transporte. Le agradezco a William Camargo su dedicación y esfuerzo”, informó el jefe de Estado.

Sobre la nueva ministra se tienen varios detalles. Primero que todo, viene de desempeñarse como viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Además, se sabe que es ingeniera civil, especialista en tránsito y transporte, así como magíster en gerencia para el desarrollo.

En el ministerio, de acuerdo con los rubros del Presupuesto General de la Nación (PGN), la nueva ministra tendrá la labora de ejecutar lo que quede de los $11,1 billones que tiene para proyectos de infraestructura de transporte concesionada y de obra pública.

De inmediato, Petro le puso objetivos firmes, ya que en la publicación escribió: “adelante con los ferrocarriles y los caminos vecinales”.

Y es que sobre esto el presidente Gustavo Petro está enfocado en fortalecer sus propuestas de infraestructura en los últimos dos años de su mandato. Las iniciativas se centran en el desarrollo de ferrocarriles y caminos vecinales con el propósito de mejorar la conectividad regional y fomentar el crecimiento económico en diversas zonas del país.

Una de las propuestas más destacadas es la contratación directa de juntas de acción comunal para ejecutar las obras de caminos vecinales. Según el mandatario, esta estrategia no solo dinamiza la economía local, sino que también garantiza una inversión eficiente en las regiones. Este modelo de contratación ya se ha implementado en otros países de la región, como México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido un esquema similar.

Petro ha mencionado en varias ocasiones en sus redes sociales la importancia de seguir este ejemplo para asegurar que las inversiones lleguen de manera efectiva a las comunidades, destacando la perspectiva de inclusión y participación ciudadana.

Antes de salir del cargo, William Camargo, hizo una llamativa publicación en X sobre las proyecciones de tráfico y con lo que, con seguridad, deberá lidiar María Constanza García.

Escribió lo que, según él, es una reflexión pertinente en cualquier momento frente a las proyecciones de tráfico que soportan las decisiones de inversión y la priorización de los proyectos de transporte. Dijo que es que el exceso de optimismo en estas motivaron que en las alianzas público-privadas (APP) hagan el Estado comprometer por diferenciales de recaudo, cifras cercanas a los $7,5 billones, que salen del presupuesto de la Nación.

Explicó que estos son recursos que debían sufragar los vehículos por medio de peajes, que se estimaban que pasarían por los corredores viales de 4G, pero que a la fecha, por diferentes situaciones (subestimaciones, demoras en aprobaciones ambientales, riesgos constructivos, tensiones sociales y siniestros en algunos proyectos, que atrasan las entregas y puestas al servicio) no están pasando.

Al respecto, manifestó que “esto sugiere, como desde 2016 por ahí lo escribía en algún trino, escenarios ácidos y mesura en las proyecciones para los nuevos proyectos”.

Aunque al final, agregó, como balance los bienes públicos se financian con recursos de la sociedad en su conjunto, no es menos cierto que estas subestimaciones terminan cargando, además de costos de capex (inversiones de capital que crean beneficios), por ejecución de las obras, (con prioridades inadecuadas), costos de operación y mantenimiento (OyM) que debe sufragar el estado, por vehículos que no pasan por los peajes.

“Esto plantea también una revisión, pues estamos pagando costos de OyM mayores a los volúmenes de tráfico que realmente están pasando por los corredores”, finalizó.