Un fiscal seccional imputó con los delitos de feminicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a William Martínez Dagua, por presuntamente haber asesinado a su pareja sentimental e intentando ocultar el cuerpo.
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Los hechos sucedieron el 25 de noviembre, cuando el procesado presuntamente le disparó más de una vez en el rostro a la mujer, Luz Mabel Ulcué Nene, de 38 años, provocándole la muerte.
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La familia de la víctima había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación su desaparición, pero posteriormente informó que su cuerpo había sido trasladado hacia el corregimiento El Palo, zona rural del municipio de Caloto, norte del Cauca.
Hasta allí llegaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el 6 de diciembre y una vez realizadas las verificaciones pudieron confirmar el hallazgo del cadáver de Luz Mabel con varios disparos de arma de fuego en su rostro y oculto en una fosa, en donde llevaba ocho días sepultado.
Una vez realizada la exhumación del cuerpo, fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde se le practicaron exámenes forenses para indagar a fondo las causas de la muerte y para el pleno reconocimiento de su identidad.
La captura del presunto feminicida por parte de agentes del CTI en compañía de soldados del batallón de Infantería Pichincha del Ejército, se hizo efectiva el viernes 15 de diciembre, cuando se presentó voluntariamente en la sede del CTI de Santander de Quilichao y declaró ser el culpable de la muerte de su pareja sentimental.
Cuando los investigadores de la Fiscalía revisaron el SPOA (sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio), encontraron que el capturado tiene dos anotaciones judiciales anteriores por los delitos de terrorismo y falsedad marcaria de automotor.
Por la muerte de Luz Mabel Ulcué Nene, un juez penal con función de control de garantías impuso al sindicado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras se adelantan todas las investigaciones correspondientes y se lleva a cabo el respectivo proceso judicial, respetando todos sus derechos consignados en la Constitución Política de Colombia.
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El 13 de diciembre, en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo un debate de control político centrado en las violencias de género y el creciente número de feminicidios en Colombia. En el marco de esta sesión, sobrevivientes y madres cuyas hijas fueron asesinadas compartieron sus experiencias sobre la revictimización que enfrentan y la falta de protección estatal adecuada.
La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), que convocó al debate, denunció la ausencia de una considerable cantidad de representantes y de algunos ministros citados, quienes dejaron la plenaria casi sin asistentes, pese a la presencia de mujeres que se desplazaron desde distintas regiones del país. Juvinao, además, ofreció disculpas a estas mujeres por la falta de atención recibida durante la sesión.
“Aquí vinieron varias víctimas o sobrevivientes de agresiones o familiares de las mujeres que fueron asesinadas, vinieron desde varias partes del país, hicieron el esfuerzo y no pudieron ser escuchadas por los ministros en pleno ni por los representantes”, advirtió la congresista para Red+ Noticias.
Y agregó que “ni siquiera tenemos el 20% de los representantes a la Cámara, de casi 200 representantes; me pregunto yo, si ver este recinto vacío es simplemente un espejo de lo que somos como sociedad, si este es simplemente el reflejo de la absoluta indolencia e insensibilidad que tiene este país completo por la violencia basada en género y los feminicidios”.
El crimen de Michel Dayana González, un caso de feminicidio que ha recolocado las violencias de género en el foco del debate público, había sido uno de los factores, entre otros, que impulsaron la convocatoria al debate de control político.
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