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Del caso Asunta al nio Gabriel, cules son los lmites legales del 'true crime'?

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En pleno auge del true crime en plataformas y televisiones, con series como El caso Asunta y las recientes denuncias de violencia meditica de la madre de Gabriel Cruz, el nio asesinado en Almera, un grupo de expertos ha analizado los lmites legales y ticos de estas producciones audiovisuales.

El derecho al honor y la intimidad, el derecho al olvido, la proteccin de los menores o el respeto al secreto de sumario marcan algunas de las lneas rojas a la libertad de informar y es necesario analizar «caso a caso», segn los abogados del despacho cija que han celebrado este jueves la jornada De la portada a la pantalla: diseccionando el true crime en su sede en Madrid.

Como punto de partida, Ana Beln Spnola, experta en derecho penal, ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica que «cualquier involucrado en un procedimiento penal adquiere por ello la condicin de persona pblica», lo que justifica el inters periodstico e informativo, con la condicin de «ser fiel al sumario» para evitar denuncias por calumnias o injurias.

Los menores estn especialmente protegidos, ha agregado, ya que se necesita el consentimiento de un representante legal e, incluso tenindolo, la fiscala puede intervenir por iniciativa propia.

Pese a ello, Sara Gonzalo, que ha sido productora ejecutiva de series como El caso Asunta y Faria en Bamb Producciones -cargo que dej en marzo pasado-, ha lanzado la pregunta de si esos lmites son suficientes.

«Me pregunto si dentro de unos aos alguien hablar de nosotros como nosotros hablamos ahora de los periodistas que cubrieron el crimen de Alcasser«, ha dicho en alusin al sensacionalismo que prim en torno a ese caso hace ms de tres dcadas.

«Lo que hacemos es legal pero quiz en algn momento alguien va a legislar para reforzar la proteccin de esos menores», ha indicado la actual directora general de AECINE, asociacin de productoras de cine independientes.

Spnola ha admitido que «quiz falta regulacin» en lo que se refiere a la proteccin de los menores y record que «la revictimizacin» es algo que aconsejan evitar.

Cristina Ortiz, directora legal de Bamb, ha explicado que la asesora jurdica est cada vez ms presente desde el principio del desarrollo de sus proyectos y que su lnea editorial es clara, en el sentido de que buscan historias con «repercusin social» y que eviten el morbo gratuito.

«Se puede hacer true crime, pero no de cualquier manera», ha sealado tras subrayar que la aparicin de la nia Asunta en la serie que lleva su nombre es «residual» y que se centran ms en los padres, interpretados por Candela Pea y Tristn Ulloa.

igo de Yarza, CEO del grupo Henneo, que engloba prensa y produccin audiovisual, ha admitido que «es difcil huir del sensacionalismo en la guerra del clic» y apunt que el consumo de sucesos es «brutal», son las noticias ms vistas «de lejos».

«Somos esclavos de los algoritmos y este no es un reto menor», ha afirmado Yarza, partidario de buscar el equilibrio entre informacin y respeto a las vctimas y de ofrecer contexto al lector dentro de la «velocidad frentica» que impera, porque «cuando vienen los tsunamis, el agua potable es importante».

John Brian Houghton, director comercial de la compaa de seguros AON, ha explicado que con la llegada de Netflix a Espaa en 2017 se introdujo el concepto de clearance, que consiste en mitigar o reducir los riesgos legales en la actividad de produccin y explotacin de una obra audiovisual.

«En Espaa se reclama poco», ha dicho, pero ha recordado que el contenido de estas plataformas no se queda en Espaa y pueden llegar reclamaciones de otros pases, como Estados Unidos, donde es mucho ms comn querellarse por difamacin.

Spnola ha sealado otras cuestiones a tener en cuenta, como que las filtraciones de un sumario pueden ser delito, mientras que la fase del juicio oral es pblica y, en cuanto a la fase de instruccin, record que, segn el Constitucional, hay diligencias que se pueden publicar, con cuidado no perjudicar el curso de la investigacin.

Sobre las entrevistas grabadas en prisin, ha agregado, el Supremo prima la libertad de expresin de los encarcelados e Instituciones Penitenciarias tiene la obligacin de permitir el acceso, siempre y cuando se sigan unos cauces y se pida permiso.

Content Source: www.elmundo.es

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