RTVE se mueve de polémica en polémica. Primero fue el comportamiento de Inés Hernand en los premios Goya, donde llamó «icono» al presidente del Gobierno, y después el controvertido fichaje de David Broncano, por dos temporadas a razón de 14 millones por entrega. Ahora, la corporación pública vuelve a enredarse en otro asunto, declarando «confidenciales y secretos» los contratos de la sociedad mercantil de Silvia Intxaurrondo.
Así se desprende de la respuesta una petición de información del abogado Guillermo Rocafort en la que pedía una copia de los contratos de Sukun Comunicación SL, sociedad administrada por la presentadora Silvia Intxaurrondo, con RTVE.
Para el abogado resulta «antijurídico» que la corporación pública no publique unos contratos que considera «draconianos», al tratarse de «una presentadora tan ideológicamente marcada, y a través de una sociedad interpuesta».
La corporación se ha negado a hacer públicos dichos contratos, aduciendo que están sujetos a «una cláusula de confidencialidad» hasta un año después de su finalización. «Romper con la cláusula de confidencialidad que RTVE se ha comprometido implica romper unilateralmente con una obligación contractualmente aceptada, que podría dar lugar a reclamaciones pudiendo generar un grave perjuicio económico a esta entidad, que debería hacer frente a este tipo de reclamaciones», argumenta la corporación en su respuesta a la petición de Transparencia del abogado sobre los contratos de la presentadora de ‘La hora de La 1’.
El abogado solicitante incide la gravedad del asunto, inexplicable al tratarse de un organismo público. «Vulnera la Ley de Transparencia, que obliga a publicar todos los contratos de RTVE», señala a ABC Rocafort. Apunta el abogado que todos los contratos solicitados han sido firmados «después de las elecciones, en agosto de 2023».
Según ha podido conocer ABC, «RTVE alega para su negativa el que podría ser demandada por la empresa de su presentadora por el grave perjuicio que pudiera causarle», algo que el abogado solicitante considera una «clara anomalía en la aplicación del Derecho de la Transparencia por parte de RTVE porque no puede haber espacios ocultos a la Ley de Transparencia en una empresa pública en sus contratos con una presentadora por medio de una sociedad interpuesta».
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